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  • TELECOMMUNICATIONS RISK FACTOR SURVEY 2022
Informes:

TELECOMMUNICATIONS RISK FACTOR SURVEY 2022

20-09-2022

La industria global de las telecomunicaciones superará 1,428 billones de euros en 2023 debido a la creciente demanda de conectividad por parte de las empresas y los consumidores, según se desprende del informe Telecommunications Risk Factor Survey 2022, elaborado por nuestra firma, que analiza los riesgos a los que se enfrentan las empresas de telecomunicaciones globales y qué estrategias e iniciativas pueden llevar a cabo para mitigarlos.

Los nuevos desarrollos tecnológicos y las necesidades de los clientes condicionan a las empresas de telecomunicaciones que, en un entorno tan competitivo, se ven obligadas a ajustar continuamente sus estrategias y operaciones para adaptarse a las nuevas tendencias como el desarrollo de la tecnología 5G o la ciberseguridad, la creciente demanda de conectividad móvil, el consumo de servicios y la transformación digital de las empresas.

Asimismo, el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, que ha afectado tanto a la sociedad como al ámbito empresarial, ha provocado cambios en las operaciones internacionales de la industria mundial de las telecomunicaciones debido a las sanciones generalizadas impuestas a Rusia por la Unión Europea y Estados Unidos, los boicots corporativos que han obligado a las empresas internacionales a dejar de operar en el mercado ruso y los intereses geopolíticos de compañías que definen sus posiciones estratégicas en el sector, tal y como revela el informe.

Riesgos macroeconómicos

El mercado de las telecomunicaciones es intensivo en capital altamente competitivo y requiere importantes inversiones para mantener y desarrollar infraestructuras de red y tecnologías de última generación, que a su vez implican diversos riesgos macroeconómicos.

Riesgos industriales

En este contexto, el principal riesgo que preocupa a los operadores son las nuevas legislaciones y las modificaciones de las normativas ya existentes. El sector está experimentando mayor atención por parte de los reguladores que cada vez vigilan más la privacidad y la protección de datos, el acceso abierto a las tecnologías TIC y el cambio climático. 

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